PAN ve viable decisión de Armenta de no pagar deuda del CIS, pero pide planteamiento integral
El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Marcos Castro, consideró que la decisión del gobernador Alejandro Armenta Mier de no pagar la deuda del Centro Integral de Servicios (CIS) es una facultad del Ejecutivo estatal y podría resultar útil, aunque subrayó que se trata de un tema delicado que requiere un planteamiento integral antes de emitir un posicionamiento definitivo.
El legislador señaló que su bancada esperará a conocer la propuesta completa del mandatario, particularmente en lo relacionado con la reorientación de recursos y el manejo de los créditos adquiridos a largo plazo.
“Si la intención es eficientar el recurso y redirigirlo a temas prioritarios, puede ser útil. Sin embargo, es necesario conocer un planteamiento mucho más integral sobre lo que puede suceder con estos créditos”, expresó.
Castro destacó el perfil del gobernador como administrador público, por lo que confió en que presentará una propuesta sólida que permita atender el tema sin generar conflictos innecesarios, especialmente con el sector empresarial.
Asimismo, enfatizó la importancia de cuidar la relación con los empresarios involucrados en la construcción del CIS, al señalar que la ciudadanía demanda soluciones y no confrontaciones.
Respecto a los señalamientos del gobernador contra administraciones estatales anteriores encabezadas por el PAN, el diputado consideró que lo relevante son las decisiones que se tomen en el presente y las consecuencias a futuro.
“Si hay decisiones jurídicas que deban tomarse, que se tomen. Hay que revisar, pero sobre todo los poblanos esperan cómo se van a solucionar estos temas y cómo se protege el patrimonio del estado”, puntualizó.
Cabe recordar que el pasado lunes, el gobernador Alejandro Armenta advirtió a los empresarios responsables de la construcción del CIS que deberán llegar a un acuerdo para reducir la deuda, estimada en 5 mil millones de pesos, o de lo contrario el gobierno estatal podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El mandatario acusó presunta colusión entre empresarios y exfuncionarios para perjudicar las finanzas públicas e incluso afirmó que estaría dispuesto a declararse en moratoria, aun si ello implicara su destitución, al considerar que se trata de una deuda “inmoral e incorrecta”.
