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Dos agentes ministeriales detenidos por extorsión a comerciantes de Tepeaca

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, confirmó la detención de dos agentes ministeriales de la institución, acusados de extorsionar a comerciantes en el municipio de Tepeaca. Ambos fueron arrestados la noche del miércoles 23 de octubre, en un operativo encabezado por la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, que cumplimentó las órdenes de aprehensión contra los sospechosos.

Según los datos proporcionados por las autoridades, los agentes ministeriales, identificados como Adán Moisés y Yahir, habrían exigido un pago de 100 mil pesos a un grupo de tianguistas de Tepeaca, bajo la amenaza de ponerlos a disposición de las autoridades si no entregaban el dinero solicitado. Esta extorsión fue descubierta tras denuncias de los afectados, lo que dio inicio a una investigación interna.

Adán Moisés, quien se desempeñaba en la Fiscalía de Investigación Regional con sede en San José Chiapa, fue detenido en la carretera Acajete-Teziutlán, específicamente en la junta auxiliar de Santa Isabel Tepetzala, perteneciente al municipio de Acajete. Su compañero, Yahir, que formaba parte de la Coordinación de Robo de Vehículos, fue aprehendido cerca de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Puebla.

El jueves, durante una conferencia de prensa, el fiscal general Gilberto Higuera Bernal confirmó la aprehensión de ambos agentes y destacó la importancia de mantener la integridad dentro de la institución. Higuera Bernal subrayó que no tolerará ningún tipo de conducta irregular o indebida por parte de los agentes a su cargo y aseguró que los implicados enfrentarán las consecuencias legales correspondientes.

Este caso ha generado preocupación entre la población y ha puesto en alerta a la Fiscalía, que reafirmó su compromiso de actuar con firmeza contra cualquier abuso de poder dentro de sus filas. Las investigaciones continuarán para esclarecer los detalles de este incidente y se espera que los agentes enfrenten un proceso judicial en el que se determinará su responsabilidad y, en su caso, se les aplicarán las sanciones correspondientes.

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